El passat 26 de gener el Relator de l'ONU per al racisme i la intolerància va visitar Barcelona convidat per diverses entitats, i amb temes preferents a l'agenda: els CIE i la situació dels col·lectius galaico portuguès i subsaharià que viuen en assentaments a Barcelona.
Realicé una visita a España del 21 al 28 de enero de 2013.
Esta es la primera visita a España efectuada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Otras Formas Conexas de Intolerancia. A lo largo de mi visita, mantuve reuniones en Madrid, Melilla, Ceuta, Almería y Barcelona. Me he entrevistado con representantes del Gobierno español, en el plano nacional, regional, provincial y local, del poder legislativo y judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Defensor del Pueblo nacional, el Defensor del Pueblo regional de Andalucía y Cataluña, entidades de Naciones Unidas, y organizaciones no gubernamentales (ONG), así como con miebros de las comunidades y otros grupos y personas que trabajan en el ámbito del racismo. Lamentablemente, no me reuní con ningún ministro a pesar de haber solicitado reuniones a ese nivel. Sin embargo, quisiera agradecer al Gobierno de España su invitación y el diálogo rico y profundo que mantuvimos. Asimismo, estoy agradecido a las comunidades autónomas de España y a los distintos entes del Estado por su cooperación. Por último, estoy agradecido a mis interlocutores de la sociedad civil, entre ellos las ONG, que tan útiles han sido en mi visita.
España ha avanzado de manera notable en la lucha contra el problema del racismo y la xenofobia, y es importante que el país afiance sus avances a la hora de enfrentar los desafíos continuos y los problemas emergentes relacionados con las dificultades económicas del país. Ciertamente, España tiene un sólido marco jurídico contra la discriminaciónque que incluye, entre otros, la Constitución española y otras leyes.
Soy asimismo consciente de las importantes políticas de lucha contra el racismo, como la Estrategia integral contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.
Hay también instituciones creíbles de lucha contra el racismo como el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, el Defensor del Pueblo nacional, el Defensor del Pueblo regional y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. También se han nombrado fiscales especiales contra la discriminación, los delitos de odio y los ciberdelitos, algo que, a mi juicio, es una muy buena práctica. Asimismo, celebro el apoyo brindado a las víctimas de racismo a través de la Red de asistencia a las víctimas de discriminación en la que participan varias ONGs. Tomo nota de los estudios realizados por instituciones de investigación independientes que presentan información importante acerca de los progresos registrados en la lucha contra la discriminación racial y la xenofobia. Encomio al Gobierno por el ejercido de cartografía de la discriminación que está en curso. Asimismo, alabo el trabajo excelente efectuado por la policía de Fuenlabrada en cuanto a la promoción de la diversidad cultural y la denuncia de incidentes racistas, garantizando la rendición de cuentas en el seno de las fuerzas de policía en lo que atañe al racismo, así como por entablar relaciones entre la policía y las comunidades. Los esfuerzos de este cuerpo de policía son un ejemplo de buenas prácticas que puede ser emulado por otras jurisdicciones. También valoro positivamente los esfuerzos loables desplegados por los Mossos D’Esquadra de Barcelona en cuestiones relativas a mi mandato.
Asimismo, se han registrado progresos encomiables en relación con la integración de los romaníes en España. Hay una serie de iniciativas positivas que se han desarrollado recientemente en este sentido, entre las que cabe citar la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana 2012-2020, el establecimiento del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y el Instituto de Cultura Gitana. También se están llevando a la práctica iniciativas regionales para los romaníes como el Plan de Acción para la población gitana en Cataluña.
Animo a España a aumentar los esfuerzos dirigidos a los romaníes ya que algunos de ellos siguen encarando importantes desafíos para el goce de sus derechos, en particular en el ámbito de la vivienda, el acceso al empleo, algo cada vez más difícil en esta época de crisis económica.
Además, todavía hay una elevada tasa de abandono escolar entre los niños romaníes en el sistema educativo, y una segregación de facto de estos niños en las escuelas, algo debido en gran medida a las dificultades socioeconómicas de sus familias. Debería prestarse una atención particular los romaníes que no son de origen español, que siguen siendo marginados y sufren la hostilidad de la población en determinados lugares, entre ellos los romaníes de Portugal, Rumanía y otros países.
La crisis económica ha causado el retroceso de avances en relación con los derechos humanos de los migrantes que sufren una tasa de desempleo más elevada y tienen que afrontar graves problemas de vivienda. En particular, la legislación que ha restringido su acceso a la sanidad es una novedad lamentable. Asimismo, hay una segregación de facto emergente en los barrios de inmigrantes de España y que las autoridades deberían resolver debidamente. Esta segregación de facto lleva a la segregación de facto de los hijos de los inmigrates en las escuelas.
La detención de migrantes irregulares, entre ellos mujeres, en los Centros de Internamiento de Estranjeros (CIEs) presenta una serie de retos en materia de derechos humanos que España ha de superar. Aún tiene que materializarse la adopción de una reglamentación para la gestión de estos centros, tal y como lo establece la ley. Esto entraña que en la actualidad no existen criterios objetivos sobre temas relacionados con el acceso a la sanidad o a la asistencia letrada por parte de las personas internadas en esos centros.
Varios interlocutores han señalado su inquietud por las condiciones de vida en algunos de estos centros, en particular, casos de malos tratos. En este sentido, recomiendo que se instaure un sistema que permita el acceso periódico a estos centros por parte de actores independientes, como las ONGs de derechos humanos. Asimismo, observo con preocupación que, en algunos casos, las personas a la espera de ser deportadas que han cometido delitos están detenidas en estos centros junto con individuos retenidos allí por un delito adminstrativo de inmigración.
La situación de los migrantes y de los demandantes de asilo en Ceuta y Melilla también requiere una mayor atención.
Durante mi viaje, efectué visitas a los Centros de Estancia Temporal (CETIs) destinados a migrantes irregulares y demandantes de asilo en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Varios interlocutors hablaron del problema de hacinamiento en tales centros. Los solicitantes de asilo, en particular, sufren importantes demoras en la tramitación de sus solicitudes de asilo. Además, hay una diferencia en los enfoques adoptados con respecto al asilo en la península española y en Ceuta y Melilla que ha llevado a una situación en la que las personas que se encuentran en alguna de estas dos ciudades no solicitan asilo o retiran su demanda para hacerlo en la península, arriesgando a veces su vida al tratar de cruzar ilegalmente el Estrecho de Gibraltar. España debería seguir prestando una atención especial a la protección de los derechos de los migrantes más vulnerables como los menores no acompañados y las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual.
Mi viaje a Almería me llevó a la conclusion de que es urgente atender a la situación de derechos humanos de los migrantes que trabajan en la agricultura. Las condiciones de muchos migrantes irregulares que trabajan en los invernaderos son estremecedoras. Carecen de infraestucturas básicas y servicios como el saneamiento, el agua potable y servicios sanitarios adecuados. El respeto de la dignidad de estos migrantes irregulares debería ser una importante prioridad para España a la vez que se presta una atención particular a la creciente vulnerabilidad de las mujeres que trabajan y viven en los invernaderos y están expuestas a la violencia y la prostitución de facto. Insto también a España a encontrar una solución de derechos humanos a largo plazo para las condiciones de trabajo y de vida de los migrantes que se encuentran en la zona de Poblenou en Barcelona, donde viven en condiciones inhumanas y degradantes.
Asimismo, es necesario atender con carácter urgente la situación de desalojos forzados de las zonas de la Cañada Real y Puerta de Hierro en Madrid, y encontrar soluciones inmediatas y a largo plazo a los problemas relativos al aceso a una vivienda adecuada y a los servicios en dichos lugares.
Estas situaciones son simplemente inaceptables y España debería encontrar una solución integral para estas víctimas. En este sentido, son importantes una información adecuada, una verdadera consulta y la participación efectiva de las víctimas.
También se señaló a mi atención durante mi visita la aparición del discurso de odio y xenófobo entre políticos y dirigentes políticos. Este fenómeno debería ser atajado en todos los niveles, nacional, regional, provincial y local. Los líderes políticos tienen la responsibilidad de denunciar en términos rotundos este tipo de discurso, en particular cuando sale de sus propias filas, e insto a España a que fortalezca los mecanismos para luchar contra tales declaraciones.
Asimismo, se ha denunciado la estigmatización de determinados grupos, incluidos los migrantes, y la propagación de prejucios raciales y estereotipos negativos por parte de los medios de comunicación. Todavía hay mucho por hacer para evitar que los medios de comunicación presenten de manera negativa a los migrantes, así como que los criminalicen.
Si bien acojo con beneplácito los esfuerzos realizados por España para contrarrestar el problema del racismo en el deporte, me preocupa que sigan siendo un problema la hostilidad racial y los abusos en el deporte. Deberían reforzarse las medidas para resolver este reto y ello incluye el endurecimiento de las sanciones.
Se señaló a mi atención el problema de las identificaciones efectuadas por la policía a determinados grupos étnicos, en particular minorías y migrantes, algo que el Gobierno ha reconocido como un problema. Se me informó de que existen programas de formación continuos para sensibilizar a la policía en materia de discriminación. Sin embargo, la solución de los problemas de establecimiento de perfiles raciales esxige mucho más que la formación de los agente de policía.
Se necesitan campañas de sensibilización para informar al público de sus derechos y, en particular, a aquellos grupos que tienen más posibilidades de ser objeto de perfiles raciales. Asimismo, es fundamental la diversidad dentro de las propias fuerzas de seguridad. Hay ejemplos de buenas prácticas de las relaciones entre la policía y la comunidad en algunos lugares de España que pueden ampliarse a otras zonas. La supervisión de las malas conductas policiales, en especial en lo que atañe a la discriminación racial y los perfiles étnicos, a través de un procedimiento disciplinario interno debería verse complementada por un mecanismo civil independiente.
Sin datos desglosados según la etnia, sigue siendo difícil analizar los avances en la lucha contra la discriminación y la exclusión. Es esencial que el Estado invierta más en estudios independientes para evaluar la falta de progresos en ausencia de datos desglosados según la etnia.
El Gobierno también debería garantizar la aplicación efectiva de las leyes vigentes de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Asimismo, recomiendo la adopción de una ley integral en materia de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Además, debería reforzarse el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato, en especial en lo que afecta a su independencia y a dotarlo de sólidas competencias, incluida la capacidad de representar a las víctimas de discriminación racial ante los tribunales así como mayores recursos.
Es crucial que España convierta en una prioridad la agenda de la lucha contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia. En particular, es necesario un liderazgo político más claro y visible en la batalla contra el racismo y la xenofobia. El combate contra el racismo no puede ser eficaz si no es liderado por los dirigentes políticos de más alto rango. Los procesos técnicos en varios ministerios y organismos independientes no bastan si no se cuenta con tal liderazgo político.
Es más, si bien la crisis económica ha ejercido más presión sobre el Gobierno y ha repercutido negativamente en la sociedad española, la crisis económica no debería convertirse en un motivo para retroceder en el avance en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Hay una dinámica en curso que el Gobierno debería considerar seriamente para evitar el deterioro de la situación en relación con el racismo en España. Además de la pérdida de apoyo económico sufrido por los grupos que trabajan en cuestiones de racismo y xenofobia, esta situación también ha llevado a incidentes en los que se convierte en chivos expiatorios a algunos grupos vulnerables como los migrantes y los demandantes de asilo a quienes se les acusa de ser la causa de la difícil situación económica. Como han demostrado los acontecimientos acaecidos en otros lugares, culpar a los grupos vulnerables de la crisis económica puede generar un clima de hostilidad y violencia racial contra estos grupos.
Gracias.
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