Cataluña y País Vasco desobedecen España y mantienen salud gratuita a los ciudadanos indocumentados

12.5.12

Solo en Cataluña y el País Vasco los ciudadanos de origen estrangero
indocumentados serán atendidos gratuitamente en los centros de salud
pública. Los recortes aprobados por el Gobierno español, sin embargo,
afectarán a medio millón de "sin papeles" en el resto de territorios
del estado español. Los recortes entran en vigencia en septiembre del
presente año. La comunidad Vasca y Cataluña decicieron desmarcarse una
vez más de las determinaciones del gobierno español de Mariano Rajoy y
anunciaron que van a continuar prestando todos los servicios de salud
para los inmigrantes indocumentados o ilegales que viven en su
territorio.

El 'conseller' de Salud catalán, Boi Ruiz, ha propuesto también la
creación de una tarjeta sanitaria especial para los inmigrantes sin
papeles que les garantice el acceso a la sanidad, pero "que no permita
obtener la tarjeta europea". El conseller ha explicado que "desde las
directivas de la UE, a los inmigrantes no nacionalizados no se les
puede dar una tarjeta sanitaria europea", pero ha matizado que "esto
no significa que tengan que quedarse sin asistencia".

Por ello, Ruiz se ha mostrado partidario de "otras vías para darles
asistencia", como sería una tarjeta sanitaria "de carácter español"
que no permitiese obtener la europea. Esta tarjeta ofrecería a los
inmigrantes en situación irregular atención primaria "como a cualquier
otro ciudadano de nuestro país", así como vacunaciones, acceso a
medicinas preventivas y al servicio de urgencias, es decir, "todo lo
que garantiza el decreto de extranjería".

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha asegurado que sí "se
les seguirá atendiendo". Mendia ha afirmado que el Ejecutivo vasco "no
mira a los de fuera y los de dentro como algo diferente" y considera
que "todos somos necesarios". "No acepto que no se les pueda atender".
La portavoz considera "intolerable" la "falta de formas" del Gobierno
del PP al decidir los recortes, ya que "parece que ha olvidado", ha
censurado, las competencias que tienen las Comunidades Autónomas.

PROTESTAS "En España si no tienes papeles eres ciudadano de segunda.
Yo trabajo doce horas diarias pero como mi jefe no me quiere hacer
contrato, ahora no podré ni ir al médico", se queja a BBC Mundo un
dominicano de 35 años que no quiere dar su nombre y que se lamenta de
los recientes recortes sanitarios anunciados por el gobierno. La nueva
ley, un Real Decreto, señala que la sanidad se limitará a los
extranjeros que dispongan de empleo legal en España, país que ronda
los cinco millones de parados y en el que una gran parte de la
población migrante no cuenta con permiso de residencia y trabaja en la
economía sumergida.

MUCHOS RIESGOS El médico especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria, Luis Andrés Gimeno manifiesta que "los inmigrantes usan
mucho menos el sistema sanitario que los autóctonos y, además, la
mayoría de inmigrantes irregulares son jóvenes y sanos". Herve
Bertevas, de Médicos del Mundo, apunta a que la modificación de la
universalidad del acceso a la sanidad no solo afecta a la población
migrante sino al conjunto de la española. "Los migrantes no viven en
otro mundo, viven entre otros, si no se atiende a esta parte de la
población en riesgo de exclusión social o se les atiende tarde, cuando
sus enfermedades sean más graves, hay más riesgo de que se amplíe el
contagio y acabe costando más dinero que si se hubiera tratado al
primer síntoma".

Sanidad garantiza atención a los "sin papeles" con VIH

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualad, Ana Mato, ha
aclarado que aquellos inmigrantes en situación irregular infectados
por el VIH o enfermos de cáncer, tendrán la asistencia sanitaria
"cubierta" a través de convenios entre las comunidades autónomas y
organizaciones de apoyo a esta población. "Está previsto en el marco
del desarrollo reglamentario. Todas las CCAA tienen previsto hacer
convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera
irregular para que también se les pueda atender en Atención Primaria",
por tanto, según ha apuntado en una entrevista a RNE, recogida por
Europa Press, "no va a quedar nadie desatendido en España".

A partir del 1 de septiembre, Sanidad tiene previsto que los ´sin
papeles´ dejen de tener tarjeta sanitaria, lo que implicará que solo
podrán recibir atención en urgencias. Según Mato, esta decisión forma
parte de una medida encaminada a acabar con los "abusos" y nos
equipara con otros países europeos, donde la sanidad "funciona de esa
manera y no pasa nada". La ministra, que ha reiterado su intención de
mantener una sanidad universal, afirma que Real Decreto Ley de
reformas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS),
ha sido un avance "importante" para garantizar la viabilidad de la
sanidad y que, en contra de lo que se afirma desde diversos sectores,
"no hay un cambio de modelo" con las nuevas medidas, sino un sistema
sanitario más "eficiente".

El 90 por ciento de enfermeros en desacuerdo con los recortes

Una encuesta elaborada por el Consejo General de Enfermería ha puesto
de manifiesto el "cabreo" de estos profesionales con los recortes que
el Gobierno y las comunidades están llevando a cabo en sanidad, ya que
en torno al 90 por ciento considera que son poco o nada acertadas,
justas y eficaces. Así se desprende de una encuesta con más de 3.000
enfermeros presentada este jueves por el presidente de esta entidad,
Máximo González Jurado, que ha calificado de "ignorantes u optimistas"
a quienes piensen que con las medidas que se están tomando se van a
resolver los problemas de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que, a su
juicio, "se está cayendo a pedazos".

"Se puede ahorrar mucho y se deben hacer reformas, pero el problema es
que cuando se hacen con la tijera, nos llevamos tejido bueno y tejido
malo. Y aquí hay que hacerlas con bisturí", ha asegurado.

En concreto, la encuesta revela un malestar mayoritario de la
profesión enfermera con las medidas que se están adoptando, ya que no
las consideran ni acertadas (89,6 por ciento ), ni suficientes (72,5
por ciento ), ni justas (92,4 por ciento ) ni eficaces (90,6 por
ciento ).

Además, y aunque algunas de las decisiones adoptadas por las
autoridades sanitarias todavía no han entrado en vigor, como las que
incluye el último Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno hace unas
semanas, hasta el 86 por ciento de estos profesionales cree que la
situación económica actual ya está afectando a su trabajo. De este
modo, el 70,8 por ciento admite que los recortes ya están afectando a
su relación con los pacientes, y hasta un 84 por ciento cree que
repercuten en la calidad de la asistencia que prestan.

Parte de este deterioro, se debe a que en el último año se ha
despedido a más de 9.000 enfermeros, lo que hace que aumenten los
tiempos de espera de los pacientes y que los servicios estén
sobresaturados. "Los pacientes son los mismos, pero los profesionales
no, ya que no se sustituye a nadie ni hay renovaciones, salvo en casos
superextraordinarios", ha alertado.

ONG españolas denunciaron ante la ONU al Gobierno

Varias ONG españolas han presentado dos informes ante el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC),
en los que alertan sobre la posible vulneración de compromisos
internacionales en materia de Derechos Humanos.

En una iniciativa sin precedentes, Amnistía Internacional y 19
organizaciones de diversa índole, representadas por la Asociación
Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(AEDIDH), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el
Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
denunciaron ante el comité la "grave amenaza" que, a su juicio,
suponen los recortes presupuestarios del Gobierno.

Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y
discriminatorias que afectan a derechos sociales.

Insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis
económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible
para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el
brutal impacto de la crisis. Las organizaciones consideran que,
además, deben rendir cuentas sobre las medidas que están empleando,
para garantizar estos derechos. Según Marta Mendiola, de Amnistía
Internacional España, "vivimos un momento preocupante. No deberíamos
permitir que la crisis económica se traduzca en una crisis de derechos
humanos, pero es lo que está sucediendo".

Ignacio Sáiz, director ejecutivo del Centro por los Derechos
Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que "mientras
la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el gasto
social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación,
a la salud y a una vivienda adecuada". Asimismo, Vanesa Valiño,
directora del Observatorio DESC, recuerda que los retrocesos en
materia de derechos sociales, impulsados por el Gobierno, suponen "una
vulneración del principio de no regresividad".

Además señala "la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado
y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de
la sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y
social".

En cuanto al derecho a la salud, tanto física como mental, los
representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de
cualquier recorte o medida anticrisis. Consideran necesario que se
asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no
crean barreras de acceso. En este sentido, las ONG muestran una gran
preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que solo se
prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad
en situación irregular, en casos de urgencias y asistencia al
embarazo, parto y posparto.

Los informes señalan que esta decisión supone un retroceso de más de
una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se
encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a
poner en peligro su derecho a la vida. Además, lamentan la
desprotección de la población trabajadora que suponen las reformas
laborales y alertan sobre la problemática del desempleo masivo. Las
ONG muestran su inquietud por la falta de adecuada protección a las
víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se
debe garantizar la implementación de las leyes existentes.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0512/noticias.php?id=55753

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